MECANISMOS DE TUTELA ANTICIPADA A FAVOR DEL CONSUMIDOR EN LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR SALVADOREÑA: EL DESISTIMIENTO Y EL RETRACTO
La Ley de Protección al Consumidor salvadoreña establece mecanismos anticipados de tutela como el desistimiento y el retracto, protegiendo los derechos del consumidor.
¿ES APLICABLE LA CADUCIDAD DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN OFICIOSA DE TRIBUTOS?
El artículo 175 del Código Tributario establece plazos para la fiscalización y liquidación de impuestos. La «caducidad» no equivale a la de la Ley de Procedimientos Administrativos.
El acceso al expediente administrativo, un derecho del administrado
El acceso al expediente administrativo es un derecho del administrado, esencial para garantizar la transparencia y legalidad de las actuaciones de la Administración Pública.
El cumplimiento de los requisitos de procesabilidad de la demanda contencioso administrativa a la luz de la reciente jurisprudencia
La jurisprudencia reciente ha flexibilizado el agotamiento de la vía administrativa y los plazos para impugnar, potenciando el acceso a la tutela judicial efectiva.
HACIA EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: EL DESAFÍO DE AGOTAR LA VÍA ADMINISTRATIVA.
El agotamiento de la vía administrativa es crucial para acceder al contencioso administrativo, y requiere usar recursos administrativos en tiempo y forma.
LA ACTIVIDAD PROBATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La Ley de Procedimientos Administrativos de El Salvador exige que la Administración pruebe los hechos y asegure transparencia y participación en sus decisiones.
LA ACTUAL REGULACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y SU INCIDENCIA EN EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
La regulación de recursos administrativos en El Salvador permite impugnar actos que afectan derechos, facilitando la revisión sin acudir a tribunales. Sin embargo, hay dispersión normativa que dificulta su aplicación uniforme.
LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS, ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES FRENTE A LA LACAP
La Ley de Compras Públicas sustituye a la LACAP, introduciendo cambios en terminología, métodos de contratación y autoridad, buscando mayor eficiencia y transparencia.
